Las traían de Rumanía diciéndoles que era para trabajar y cuando llegaban a Albacete las hacían realizar servicios sexuales por dinero
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará el próximo miércoles día 14 a un hombre y una mujer que se enfrentan a siete años y medio de prisión por traer a mujeres a Albacete para trabajar y obligarlas a prostituirse.
Según el escrito de acusación del fiscal, los hechos que serán enjuiciados se remontan al verano de 2005, cuando los individuos T., V.V. y V.B., todos ellos de nacionalidad rumana y en paradero desconocido de común acuerdo con la acusada M.G., de nacionalidad rumana y el también acusado, J.M.F.C., de nacionalidad española, se pusieron de acuerdo para traer a mujeres de Rumanía, con el pretexto de ofrecerles trabajo en nuestro país cuando, en realidad, pretendían que ejercieran la prostitución, lucrándose con parte de los beneficios que estos obtuvieran con sus servicios sexuales.
En ejecución de este plan y a través de otras personas en Rumanía, captaron el interés de dos hermanas, ahora testigos protegidas, que viajaron hasta España convencidas de que trabajarían en labores agrícolas.
Las hermanas llegaron a Albacete el 28 de julio, donde fueron recogidas por T. y V.V., quienes las trasladaron a un piso, donde T., tras quitarle los pasaportes, las amenazó para que ejercieran la prostitución, pues sino lo hacían, las maltratarían físicamente a ellas y matarían a sus hijos en Rumanía.
Además les explicaron que la mitad del dinero que ganaran deberían entregárselo a ellos.
La acusada fue la encargada de como tenían que ejercer la prostitución. Al día siguiente, el acusado J.M.F.C. y T. y V., condujeron a ambas mujeres a varios establecimientos de ropa, para que adquirieran una indumentaria adecuada para la prostitución.
En el prostíbulo
Después y ya en compañía de la acusada M.G., se trasladaron a un club de alterne de la ciudad, donde les esperaba el acusado J.M.F.C., que junto con la acusada, gestionó con el encargado del local la estancia de las hermanas.
Acto seguido la acusada les explicó que debían atender a los clientes que se interesaran por ellas, a quienes debían de cobrar 50 euros por un servicio de 20 minutos ó 100 euros si el servicio consistía en una felación o penetración anal, debiendo convencerlos además, para que consumieran bebidas en el establecimiento, de cuyo precio las mujeres percibirían la mitad. Además les reiteró que la otra mitad se la debían entregar a T. También les indicó M.G. con que palabras en español debían hablar a los clientes, comentándoles además que debían de pagar 50 euros diarios por la estancia.
Como una de las hermanas se negó a vestirse como le decían y a ejercer la prostitución, M.G. telefoneó a T. y se lo comunicó y éste, por teléfono, la amenazó con pegarle sino ejercía el citado oficio, pero a pesar de todo ésta se negó, por lo que M.G. volvió a amenazarla. Al día siguiente la llevó al piso de T., donde éste le gritó, la abofeteó, la cogió del cuello y tras bajarse los pantalones dijo «chúpame la polla». Después la devolvieron el pasaporte, para que supuestamente volviera a su país y la pasearon por la Feria, momento que aprovechó para pedir auxilio. Mientras tanto su hermana fue obligada a prestar dos servicios.
